La Xunta pide que el desarrollo urbanístico se haga, como regla general, «en dirección contraria á costa»  

Fecha noticia: 05/02/2010 

(lavozdegalicia.es) La mitad del suelo que paraliza el plan del litoral pertenece a cuatro concellos

Sanxenxo, Oleiros, Ponteceso y Vilagarcía suman 1.397 de las 3.000 hectáreas urbanizables que frena el documento

Autor:
    Serafín Lorenzo

El avance del plan del litoral que el Gobierno de Feijoo ha remitido a los 84 concellos con la pretensión de empezar a aplicarlo de forma progresiva desde marzo tiene una incidencia desigual en la paralización de suelo urbanizable. El 46% de las 3.000 hectáreas que ese documento inicial veta al ladrillo en toda la fachada costera, con su inclusión en las zonas de protección que impedirán desarrollos residenciales que serían posibles al retirar la prohibición cautelar de los 500 metros, se concentra en Sanxenxo (535 hectáreas), Ponteceso (355), Vilagarcía (317) y Oleiros (190). Las 1.397 hectáreas que el plan frenará en esos cuatro municipios supera la afección en los 27 concellos de la provincia de Pontevedra en los que se aplicará (1.274) y cuadruplica el impacto en los 10 de Lugo (319).

En términos absolutos, la paralización de suelos urbanizables prevista también adquiere dimensiones relevantes en Cervo (120), Vigo (119), Foz (117) y Fene (102), que superan el centenar de hectáreas en las que solo se autorizarán equipamientos, servicios e industrias. Pero el emplazamiento respecto a la línea de ribera marítima de ese terreno en el que la Xunta bloquea cualquier urbanismo residencial matiza el alcance cualitativo de la prohibición. El caso de Sanxenxo sirve de paradigma. De las 535 hectáreas de suelo urbanizable en las que el plan impide construir viviendas en la capital turística de las Rías Baixas, solo 120 están en la franja de los 500 metros.

Entre las cinco ciudades que quedarán bajo el paraguas del plan del litoral, su principal efecto será la ordenación del suelo urbanizable, con lo que las restricciones tendrán un peso menor. En A Coruña, solo impedirá el desarrollo del 5,2% de las 505 hectáreas urbanizables en las que se aplicará. En Vigo, la paralización afectará al 14,5% de las 818 hectáreas; en Ferrol, al 10,9%; en Pontevedra, al 25,7%; y en Vilagarcía, al 27%. Solo Ponteceso, con 1.513 hectáreas de suelo urbanizable, supera la incidencia efectiva del plan en Vilagarcía (1.158).



El bloqueo tendrá más efecto en Laxe, Valdoviño y Ribeira


Aunque el plan vetará la edificación residencial en más hectáreas en otros concellos, condicionará más el desarrollo urbanístico en Laxe, Valdoviño y Ribeira, donde impedirá construir en más del 60% del suelo urbanizable. En Laxe salvará de las grúas el 84% del terreno predestinado al ladrillo; en Valdoviño, el 79%; y en Ribeira, el 61,7%. Catoira, Meaño, Cedeira y Muxía también verán paralizado más de la mitad de su suelo urbanizable.




La Xunta pide que el desarrollo urbanístico se haga, como regla general, «en dirección contraria á costa»



El documento inicial del plan del litoral, que desde la semana pasada se encuentra en fase de trámite de audiencia con los 84 concellos y entidades involucradas en su aplicación, también establece una parte normativa con los usos autorizables y las reglas de juego a las que quedarán supeditados los posibles desarrollos urbanísticos futuros.

En ese apartado, el Gobierno de Feijoo traza las líneas rojas de su política de protección de la costa, aunque con una prudencia que en algunos casos convierte los criterios que deberán observar los alcaldes en recomendaciones. Es el caso de la observación que realiza a los concellos sobre la orientación de los crecimientos urbanísticos, que deberán dirigirse «cara ás zonas con pendentes máis suaves e menos exposición e relación visual coa costa». Plantea, además, que el planeamiento municipal deberá orientar esos nuevos desarrollos «en dirección contraria á costa e, en todo caso, evitando a presión sobre as áreas máis fráxiles e os elementos de valor recollidos neste plan». Eso sí, señala que esa instrucción deberá ejecutarse «na medida do posible». La cautela es importante en una fase en la que Medio Ambiente quiere alcanzar el máximo consenso posible con los ayuntamientos para asegurar la continuidad de la planificación costera.

Suelo industrial aislado

El plan impide las urbanizaciones de viviendas fuera de los núcleos, al estilo de las que proliferaron en los últimos años en buena parte del litoral gallego, pero permite a los concellos clasificar suelo industrial aislado, siempre que garantice las mejores condiciones de accesibilidad y que genere el menor impacto sobre el territorio.

Acuicultura y astilleros

La normativa del documento inicial determina que dentro de la zona de protección, que comprende la superficie en la que no podrán edificarse viviendas, sí serán posibles actuaciones que mejoren los equipamientos, servicios y el desarrollo económico de los núcleos costeros. Así, permite explotaciones acuícolas y marisqueras «de carácter tradicional»; actividades deportivas, recreativas o de baño; instalaciones para talasoterapia, aguas termales, depuradoras o astilleros; y aparcamientos de uso público para el acceso a las playas. También deja vía libre a la creación de rutas de senderismo y el cambio de uso para destinar edificaciones al turismo rural. Medio Ambiente sostiene que su propósito es aplicar estas reglas con vocación restrictiva, pero conjugando protección y desarrollo urbanístico.

Cementerios y escuelas

Dentro de las zonas clasificadas como de mejora ambiental y paisajística, en las que el plan restringirá la construcción, se permitirán obras de rehabilitación y cambio de uso para edificaciones «recollidas no planeamento como elementos de interese integrantes do patrimonio cultural paisaxístico etnográfico do litoral». También autorizará construcciones de uso agropecuario o acuícola, y equipamientos que tengan que localizarse en el medio rural, como cementerios, escuelas agrarias o centros de investigación y educación ambiental.

Pero el principal problema de la ordenación del litoral es que solo una parte de los 84 concellos disponen de planeamiento. De hecho, en 15 de los 84 municipios no es posible determinar el suelo urbanizable afectado, porque todavía carecen de ese instrumento o lo tienen suspendido.